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Nuevo servicio de Administración de Comunidades. Servicio integral de asesoramiento jurídico y llevanza de la contabilidad. Solicite su presupuesto sin compromiso.

Asesoramiento jurídico para toda la familia.Precio: 120 € + IVA

Se trata de un producto de asesoramiento a particulares que tiene como fin resolver las dudas jurídicas que se plantean en la vida diaria. Contratándolo, tendrán acceso a él, no sólo el titular sino también su cónyuge (o pareja de hecho) e hijos. Número ilimitado de consultas. Duración: un año a contar desde la fecha de contratación. Precio: 120,00 € más IVA. Solicite más información sin compromiso.

Seguridad social

Seguridad social

El Tribunal Supremo ha resuelto que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las constituciones de préstamos hipotecarios, debe ser asumido por el hipotecado. Dicho impuesto representa el mayor de los gastos a la hora de constituir la hipoteca, por lo que la esperanza de muchos consumidores se ha visto desvanecida con el fallo del Alto Tribunal. Una noticia que desde luego, ha alegrado a las entidades financieras.

LA JUBILACIÓN ORDINARIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2013

El 1 de Enero de este año, ha entrado en vigor la reforma de la pensión de jubilación que había sido aprobada ya en el 2011. Su implantación se irá haciendo gradualmente, y afectará a extremos tan importantes como la edad de jubilación, los años que se tendrán en cuenta para calcular el importe de la misma o el porcentaje a aplicar sobre la base reguladora.

LOS PROFESORES SERÁN CONSIDERADOS AUTORIDAD PÚBLICA

Publicada en el BOE de hoy la ley de medidas de autoridad del profesorado. LOS PROFESORES SERÁN CONSIDERADOS AUTORIDAD PÚBLICA, por lo que los hechos de los que dejen constancia por escrito, tendrán presunción de veracidad. http://boe.es/boe/dias/2013/10/30/pdfs/BOE-A-2013-11336.pdf

EL SISTEMA DE DESAHUCIOS ESPAÑOL ES ILEGAL, SEGÚN LA JUSTICIA EUROPEA

La Sentencia de 14 de Marzo de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declara que la legislación española menoscaba los derechos de los consumidores, al no permitir la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que el juez resuelva si las cláusulas son abusivas o no.

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